Felipe Ramírez, abogado del Consejo para la Transparencia:

“Muy pocas personas conocen la labor que hace este Consejo”

Pocas personas entienden el significado real de la libertad de expresión en Chile. Pocas personas también saben que existe un Consejo que vela porque las demandas de las personas con respecto a información pública sean escuchadas. Todo eso lo hace el Consejo para la Transparencia, a quien se critica por su estructura y lo lento que es en su actuar. Felipe Ramírez, abogado de la entidad, nos explica sobre esta institución

Por Juan Ignacio De la Carrera San Román

La ley de Transparencia que rige en nuestro país, si bien suma muchos adeptos, también hay personas que no están en total acuerdo con ella. Como forma de posibilitar un mejor uso de esta ley, la Universidad Diego Portales en su último informe sobre los derechos humanos, señala en su capítulo dedicado a la libertad de expresión que el Consejo para la Transparencia debería tener modificaciones para un mejor uso, y que la ley debería cambiar en ciertos puntos para que sea más certera.

En el texto, se dice que “En la fundamentación de todos los proyectos de ley presentados se alude al acceso a la información como una herramienta fundamental de participación ciudadana y de fortalecimiento de la democracia, pero ninguno extiende dicha obligación al Poder Judicial ni al Legislativo, como si lo establecen los estándares interamericanos." Ante esta frase, Felipe Ramírez, abogado del Consejo para la Transparencia señaló que “en Chile hay dos tipos de transparencia: una activa y otra pasiva, pero se está tratando de abarcar lo máximo posible en la activa para exista la mayor cantidad de información posible en las manos del que la solicite”.

La transparencia activa es la obligación que tiene el Estado de mantener y actualizar información pública en su página web aplicables a todos los órganos y empresas estatales. La pasiva, en cambio, es la información que entrega el Estado cuando un particular la solicita. No obliga a todo el Estado, sino sólo al poder ejecutivo y municipalidades, entre otras. Queda excluido el poder judicial, el legislativo, la Contraloría, el Banco Central y las empresas públicas.

¿Cuándo una información no puede ser entregada?

La información no puede entregarse cuando lo solicitado afecte el normal funcionamiento de un organismo en cuestión, cuando la información pedida sea relevante para la resolución de un delito, cuando se afecte el derecho de terceros, cuando esto que se pide afecte la seguridad nacional, entre otras.

 ¿Y qué sucede cuando la información que se pide, en el marco de lo legal, no es entregada?

Lo que ahí pasa es que se hace un reclamo al Consejo para la Transparencia, ellos se toman un plazo para determinar si el requerimiento que se hace debe ser entregado o no, y si no es así, la última instancia es llegar a la Corte de Apelaciones.

      Reestructuración del Consejo para la Transparencia

Según el último informe de derechos humanos emitido de la UDP, “Al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la ley de transparencia, tanto desde el Estado como de la sociedad civil surgieron voces apelando a la reestructuración del Consejo, con el objeto de que la resolución de casos sea más eficaz”.

Para que esta ley funcione mejor, ¿En necesario una reestructuración del Consejo?

Yo creo que más que una reestructuración, lo que acá debe haber es un cambio en los principios de esta ley, que se modifique el acceso a la información desde la base, es decir, que no haya tantos reparos para conseguir la información.

El ex presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, dijo que ellos sabían que necesitaban una reforma, ¿En qué ámbito sería esta?

Esta debería enfocarse más que nada en la resolución de los fallos. Esto, porque los plazos son muy amplios y es fastidioso para el que reclama una información esperar tanto tiempo para que muchas veces les contesten negativamente.

Los senadores Hernán Larraín (UDI) y Soledad Alvear (DC) presentaron un proyecto de ley en el cual se pretende modificar algunos aspectos de esta ley, y sobre todo del Consejo para la Transparencia. “El proyecto propone aumentar el número de consejeros y disponer de consejeros suplentes. También plantea cambiar la forma por la cual se elige el Presidente, de modo que esta decisión sea más democrática”, dice el informe de los derechos humanos de este año.

Para que esto realmente resulte, Felipe Ramírez cree que un punto inicial para el cambio de esta nueva ley tiene que ver con la difusión de esta, ya que “muy pocas personas conocen la labor que hace este consejo”, señala, agregando que esta es la primera fase para que la ley funcione aún mejor de lo que es ahora.